Los 81 senadores que votaron a favor de la Ley Televisa no tenían razones, sino conveniencias. Aquella noche del 30 de marzo de 2006 resistieron, sin arriesgar una sola réplica, durante 13 horas de persistentes argumentos por parte de los legisladores que se oponían a esas modificaciones. Durante los cuatro meses anteriores se había desarrollado un tenso y amplio debate en donde quedó claro que las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión aprobadas inicialmente en la Cámara de Diputados beneficiaban, de manera ostensible, a las empresas televisoras que ya disponían de concesiones para difundir por ese medio.

Por eso se le denominó Ley Televisa. Aquella reforma no favoreció solamente a esa empresa. Pero el interés que ella invirtió para diseñar, cabildear y finalmente extorsionar a un significativo segmento de la clase política mexicana con el propósito de que esa reforma fuese aprobada, hacía más que apropiado llamarle de esa manera.

Esa noche del 30 de marzo los senadores que con más ahínco estudiaron sus implicaciones y cuya oposición a la Ley Televisa iba más allá de cualquier bandería partidaria –Javier Corral y Felipe Vicencio del PAN, Dulce María Sauri y Manuel Bartlett del PRI, César Raúl Ojeda del PRD entre otros– se habían dirigido en docenas de ocasiones al cuerpo legislativo en una batalla argumental y retórica que sabían de antemano perdida, por lo menos en el corto plazo. Días antes las fracciones senatoriales de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional habían acordado respaldar la Ley Televisa no obstante los abundantes motivos que existían para enfrentarse a ella. En el Senado había 40 legisladores, de todos los partidos, que se reconocían a contracorriente de la mayoría y cuyo voto fue, por eso, especialmente meritorio en un sistema político fundamentalmente resignado a una decisión que no se había tomado en las cámaras legislativas, ni en las dirigencias partidarias, sino en las oficinas corporativas del consorcio mediático más poderoso del país.

Aprobada en 7 minutos

Televisa eligió con tino político el momento adecuado para promover esa iniciativa de reformas. A fines de 2005, cuando ya estaba casi exhausta la agenda legislativa de ese año y en vísperas de una temporada electoral que desde entonces se vislumbraba como la más difícil en la historia del país, ese consorcio consideró que ya era tiempo de impulsar las modificaciones legales que le permitieran acaparar con mejor provecho las innovaciones tecnológicas que estaban llegando a la radiodifusión del país.

El 22 de noviembre de 2005 el diputado priista Miguel Lucero Palma había presentado una iniciativa de reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión. La mayoría de los diputados supuso que era una propuesta más, entre las muchas que de cuando en cuando se plantean como resultado del interés de algunos de sus colegas para darse notoriedad con iniciativas que saben condenadas al congelador legislativo.

El diputado Lucero adquiriría resonancia pero no por su trabajo sino porque pronto quedó claro que esa iniciativa no la había preparado él sino alguno de los despachos de asesoría jurídica en los que se apoya Televisa. Ese legislador no tenía conocimiento especializado acerca de asuntos de telecomunicaciones y sin embargo algunas de las propuestas que presentó mostraban experiencia y actualización en tales cuestiones.

La iniciativa de Lucero fue examinada por dos comisiones de la Cámara de Diputados que la enmendaron y retocaron algunas de sus deficiencias de técnica legislativa. En esa tarea participaron, al menos formalmente, más de 50 diputados que integraban las comisiones de Comunicaciones o de Radio y Televisión de esa Cámara. Más tarde, legisladores de todas las fracciones dirían que nunca conocieron con detalle la propuesta de Lucero Palma y que la aprobaron sin entender las implicaciones que tendría. Pero en esas comisiones había diputados de todos los partidos que tuvieron que haber revisado, o al menos aprobado, el dictamen favorable que presentaron el jueves 1 de diciembre al pleno de la Cámara.

Algunas voces habían alertado acerca de la inminente aprobación de una reforma de ley que no había sido discutida. Llamaba la atención, especialmente, la discreción y la rapidez con que había sido atendida la propuesta de Lucero Palma a diferencia de la iniciativa de nueva ley de Radio y Televisión que varios senadores habían presentado casi dos años antes en la otra Cámara. Durante casi todo 2005 esa propuesta, que planteaba reglas para acotar el poder de los grandes monopolios de la radiodifusión, se había discutido con vistosa amplitud y no había sido dictaminada en comisiones senatoriales debido a la oposición de las empresas televisoras.

Así que el solo hecho de que otra iniciativa sobre ese tema estuviera por ser aprobada en San Lázaro, donde está la sede de la Cámara de Diputados, tendría que haber sido motivo suficiente para revelar la maquinación que se estaba preparando. Alguna información en la prensa durante los últimos días de octubre y una nota en el noticiero que el periodista Javier Solórzano conducía en el Canal 52, dieron cuenta de la decisión que estaba por ocurrir.

Sin embargo, antes de la reunión parlamentaria en donde sería aprobada nadie manifestó objeciones a esa propuesta de reformas. El jueves 1 de diciembre, en el transcurso de una sesión que de otra manera habría sido intrascendente, la secretaria en turno de la mesa directiva leyó una comunicación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en donde se solicitaba que el dictamen con propuesta de decreto acerca de la adición y derogación de diversos artículos de las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión fuese puesto a votación sin tener que ser leído como indica la rutina parlamentaria. Que “se turne lo antes posible”, decía esa comunicación que estaba suscrita por los diputados Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Junta y coordinador del grupo parlamentario del PRD; Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del PRI; Jorge González Morfín, coordinador del PAN; Jorge Kawhagi Macari, coordinador del Verde Ecologista, y Jesús Martínez Álvarez, coordinador de Convergencia.

Así que decir que se trató de una aprobación sorpresiva era por lo menos exagerado. El proyecto de decreto sobre esas reformas formaba parte del orden del día de aquella sesión. La decisión no solo de proponer su aprobación sino de hacerlo con rapidez había sido tomada, expresa y deliberadamente, por los coordinadores de todos los partidos políticos con representación legislativa. En consecuencia con esa decisión, el proyecto de reformas no solo no fue leído sino que nadie se aventuró a discutirlo. Acatando la premura que les indicaron, los diputados de todos los partidos simplemente aprobaron esas reformas con 327 votos a favor. No hubo una sola abstención. Tampoco voto en contra alguno.

La que muy pronto sería conocida como Ley Televisa fue aprobada con toda diligencia y docilidad por los diputados. Todo eso sucedió, como dijimos en aquella ocasión, en solamente siete minutos.

Regalo a radiodifusores

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados y mientras era turnada para su discusión en el Senado, se fueron develando los alcances de la Ley Televisa. En pocos días una emblemática campaña de opinión, de la que participaron legisladores de todos los partidos (entre ellos algunos diputados arrepentidos por el inopinado voto del 1 de diciembre) así como escritores, productores, artistas, periodistas e interesados en la comunicación, apuntó los riesgos que implicaban esas reformas.

Ese proyecto significaba más privilegios para las empresas de radiodifusión que ya disponían de concesiones de radio y televisión y la discriminación de otros actores sociales –desde pequeñas radio comunitarias hasta grandes y poderosas compañías telefónicas– en la utilización plena de los recursos que ofrece el desarrollo de las nuevas tecnologías en materia de comunicación.

En rigor, la que sería llamada como Ley Televisa no buscaba crear una nueva legislación sino emprender cambios y adiciones a dos leyes federales. A la Ley de Telecomunicaciones se proponía reformarle 4 artículos y añadirle 5. En la de Radio y Televisión se proponía la reforma de 13 artículos y la incorporación de 15 nuevos. La mayor parte de las disposiciones de esas leyes federales se mantenían. Pero los cambios que implicaban esas reformas tenían tal importancia que suscitaron la más intensa discusión pública que haya existido en México acerca de los medios de comunicación y sus normas legales.

El tema central de la propuesta de reformas se encontraba en las modificaciones sugeridas al artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Allí se planteó que las televisoras y radiodifusoras pudieran difundir servicios de transmisión de datos, telefonía, Internet y otros, utilizando las frecuencias que les fueron asignadas para transmisiones de radiodifusión. Para ello únicamente deberían hacer una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la cual, se dijo, “podrá requerir” el pago de una contraprestación. Ese artículo tenía por lo menos siete implicaciones e insuficiencias graves.

1. Los servicios de telecomunicaciones, adicionales a los de radiodifusión, serían autorizados sin licitación o concurso a diferencia del procedimiento que en México deben cumplir las empresas de telefonía y conducción de datos cuando quieren obtener una frecuencia. En tanto las empresas telefónicas han pagado varios millones de dólares por el derecho a ocupar un segmento del espacio radioeléctrico en cada una de las regiones del país, esa utilización sería gratuita para las televisoras.

2. Al no ser forzoso, el pago de la contraprestación estaría sujeto a la potestad de la autoridad administrativa. En México uno de los principales atrasos en el régimen legal para la radiodifusión ha sido la discrecionalidad que ejerce la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la asignación de concesiones. Con la Ley Televisa, esa discrecionalidad incluiría la decisión sobre el monto a cobrar e incluso, sobre la pertinencia de cobrar o regalar a las televisoras el uso, para funciones adicionales, de las frecuencias concesionadas. El monto de ese obsequio que podrían recibir las grandes televisoras –que son las empresas de radiodifusión que más espacio ocupan del espectro radioeléctrico– fue estimado en varios centenares de millones de dólares.

3. Los interesados en ofrecer tales servicios de telecomunicación y que no tuviesen concesiones de radiodifusión quedarían marginados de esa posibilidad. Para decirlo de otro modo: quienes ya eran privilegiados porque usufructuaban concesiones, tendrían la vía libre para participar en un negocio adicional. Al mismo tiempo, otros ciudadanos estarían automáticamente marginados de ese negocio por lo menos en las plazas donde el especto radioeléctrico ya estaba saturado.

4. Las estaciones permisionadas –es decir, las radiodifusoras y televisoras de índole cultural, educativa y/o gubernamental y también las radiodifusoras comunitarias– también quedaron excluidas de la posibilidad de ofrecer tales servicios adicionales de telecomunicaciones.

5. Al asignar a la SCT la responsabilidad de tales decisiones, se conservaría la marginación y la debilidad de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

6. La Ley Televisa significaría, por omisión, un formidable regalo adicional a las televisoras que en julio de 2004, y en virtud de un Acuerdo del gobierno federal, recibieron la posibilidad de contar con una frecuencia adicional, por cada una de las que ya tenían, con el propósito de facilitar el tránsito a la televisión de carácter digital. Aunque en ese Acuerdo se dijo que tales frecuencias adicionales se otorgaban de manera temporal, la Ley Televisa no estableció mecanismos para que así se hiciera. De esa manera las televisoras, que en 2006 ya contaban con el doble de las concesiones que usufructuaban dos años antes, podrían quedarse de manera indefinida con esas frecuencias adicionales.

7. También se abriría la puerta a la inversión extranjera directa en la radiodifusión, que en México había sido una actividad reservada a empresarios nacionales. Al establecer que la Ley de Radio y Televisión estaría supeditada (“en lo que no se oponga”) a la de Telecomunicaciones y al disponer la sustitución de los títulos de concesión por otros nuevos, se sometería a la radiodifusión a las reglas vigentes para sectores como la telefonía en donde sí era posible la inversión de esa índole.

Asignación de concesiones

También se proponía que la televisión y la radio fuesen reguladas por la autoridad administrativa que hasta entonces había normado el desempeño de las empresas de telecomunicaciones –telefonía, comunicación satelital y televisión por cable entre otras–. La Comisión Federal de esa actividad, Cofetel, tendría una nueva composición y sus integrantes deberían ser aprobados por el Senado a propuesta del presidente de la República.

El mecanismo de integración vigente hasta entonces, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, consistía en una designación presidencial de manera directa. Allí había un avance respecto de la facultad del gobierno para integrar dicha Comisión. Sin embargo, la Ley Televisa no incluyó previsiones como las que existen en la conformación de organismos similares para evitar conflictos de intereses de sus integrantes cuando tomasen decisiones que afectaran a instituciones o áreas en las que hubieran tenido o, en el futuro inmediato, pudieran tener vinculaciones profesionales.

Diversas propuestas para renovar la Ley de Telecomunicaciones y por lo tanto para integrar la Cofetel con criterios más rigurosos sugerían, por ejemplo, que sus comisionados no hubieran tenido responsabilidades como legisladores federales o como directivos de empresas relacionadas con la radiodifusión y las telecomunicaciones por lo menos dos o tres años antes de formar parte de dicha Comisión. También se habían propuesto taxativas para que los comisionados no pudieran ocupar responsabilidades públicas o en empresas de las áreas respecto de las cuales habían tomado decisiones durante uno o dos años después de ese encargo. Nada de eso se tomó en cuenta en las nuevas reglas para conformar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Ese organismo, además, estaría sujeto a importantes limitaciones. En la asignación de nuevas concesiones para radio y televisión, por ejemplo, solamente podría opinar. La decisión final en ese terreno seguiría siendo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y en el otorgamiento de permisos, que son las licencias de radiodifusión no comercial que se entregan a instituciones educativas o grupos comunitarios, todo el trámite tendría que seguirse haciendo ante ese ministerio del gobierno federal. Respecto de la radiodifusión no mercantil, la Cofetel no tendría autoridad alguna.

Otra innovación del proyecto de ley era el establecimiento de licitaciones para resolver nuevas concesiones de radio y televisión. Esa medida parecía adecuada, en especial ante la facultad suprema que la legislación, vigente desde 1960, le confería al gobierno federal para resolver a su arbitrio a qué personas o empresas decide otorgarles licencias para transmitir por esos medios. En esa capacidad se ha encontrado una de las claves del dominio absoluto que, por encima de cualquier otra institución del Estado, mantiene el gobierno mexicano en la administración del espectro radioeléctrico. A diferencia de muchos otros países, en donde las autorizaciones para difundir por tales medios son otorgadas y revisadas por organismos en los que concurren diversas opiniones (como la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos o el Consejo del Audiovisual en Francia para mencionar solamente dos de los ejemplos más conocidos) en México esa atribución siguió siendo exclusiva del secretario de Comunicaciones –cuyas determinaciones dependen del presidente de la República–.

Pero aun cuando el principio de otorgar las concesiones por concursos era pertinente, la Ley Televisa no establecía criterios para ellos. Únicamente decía que los beneficiarios de las nuevas frecuencias deberían pagar una “contraprestación económica”. Y aunque es adecuado que quienes explotan con fines privados un recurso nacional –como son las frecuencias radioeléctricas– paguen por ese privilegio, el hecho de que la única pauta establecida en la ley para adjudicar tales concesiones fuese de carácter financiero implicaba que los beneficiarios las nuevas licencias serían los empresarios con más dinero para costearlas. No había criterios de beneficio social, o de pertinencia cultural, por ejemplo, en esas reglas.

El hecho de que esas concesiones fuesen discernidas por subasta monetaria y sin tomar en cuenta atributos como la capacidad en materia de producción radiofónica o televisiva, el proyecto cultural que se intentase difundir, o el provecho que se pretendiera para una comunidad o un segmento de la audiencia, implicaba que a la radiodifusión, en esa propuesta, se la entendía únicamente como un negocio y sin atender a sus implicaciones de otra índole. Aunque en la propuesta de reformas se establecía que a los solicitantes de una concesión se les pediría, junto a diversas especificaciones técnicas, que presentasen un “proyecto de producción y programación”, el factor esencial para esas decisiones sería el dinero. Una de las causas para que una licitación pudiera ser cancelada sería la insuficiencia de las ofertas financieras. La Secretaría de Comunicaciones, decía otro de los artículos de la iniciativa, podría declarar desierto el procedimiento si consideraba que “las contraprestaciones ofrecidas no son satisfactorias”.

Para las nuevas concesiones se estableció una vigencia de 20 años. La legislación de 1960 indicaba que durarían hasta 30 años, el cual es un plazo excesivo. En muchos países desarrollados las concesiones de radio y televisión se conceden y refrendan por lapsos de 12, 11 o incluso 8 años. Es decir, la Ley Televisa propuso una vigencia mayor a la usanza internacional en esa materia.

Fallidos anzuelos

El objetivo principal de la Ley Televisa era asegurar para dicha empresa un lucro sin obstáculos en la explotación de las abundantes frecuencias de las que dispone. Para ello, y posiblemente en busca de adhesiones, la propuesta incluyó dos anzuelos aparentemente atractivos. Por un lado, otorgaba facilidades para que las estaciones de radio y televisión difundieran más contenidos de origen nacional. Por otro, supuestamente mejoraba la regulación para que los partidos políticos contratasen propaganda electoral. Con esas medidas al parecer se pretendía el respaldo de una gran cantidad de productores independientes que habitualmente están marginados por las empresas de radio y televisión, así como de los sectores y grupos que consideran excesivo e incontrolado el gasto en publicidad política en los medios electrónicos.

Ambas propuestas eran engañosas. La primera, les ofrecía a los radiodifusores la posibilidad de tener 5% más del tiempo que la ley les autoriza para difundir publicidad a cambio de que destinasen al menos 20% de sus espacios a programas producidos por empresas distintas de los consorcios mediáticos. Pero sólo se aludía a la “producción nacional independiente” sin definir ese término de tal manera que existía la posibilidad de que, subcontratando con una empresa de su propiedad, los grandes grupos de radiodifusión obtuvieran la bonificación del 5% en tiempo publicitario. A diferencia de las legislaciones que en otros países fomentan la producción independiente con exenciones y otros estímulos pero también con cuotas fijas de contenido nacional (como sucede en Canadá y en varios países europeos) el único incentivo que presentaba la Ley Televisa era de carácter comercial.

Para la adquisición de espacios destinados a proselitismo político, la iniciativa señalaba que se debería “informar” al Instituto Federal Electoral “sobre la propaganda que hubiese sido contratada por los partidos políticos o por los candidatos”. Dicho Instituto estaría encargado de “pagar la publicidad electoral de los partidos políticos con cargo a sus prerrogativas”. Aparentemente esa disposición le permitiría a la autoridad electoral contar con un nuevo recurso para fiscalizar el gasto de los partidos. Pero el IFE era colocado solamente como tesorero de recursos que los partidos seguirían gastando según los términos que cada uno de ellos acordase con cada empresa de televisión y radio. Por otro lado esa propuesta entraba en contradicción con la legislación federal para las elecciones, en donde se prohíbe que la propaganda política sea contratada por los candidatos; esa es una prerrogativa exclusiva de los partidos.

Inexcusables omisiones

Además de numerosos rasgos discutibles, la Ley Televisa no se ocupaba de temas que habían sido considerados indispensables en numerosas discusiones y propuestas para reformar la legislación mexicana en materia de medios electrónicos. Algunas de esas ausencias eran:

• Ausencia de límites a la concentración de las empresas de radio y/o televisión. Esa carencia, se traduciría en vía libre para que hubiera más medios de comunicación en menos manos. En el plano internacional existen diversas modalidades para atajar la concentración de los medios electrónicos. En México, en distintas ocasiones se ha sugerido la posibilidad de negar el otorgamiento de nuevas concesiones a las empresas que ya tuvieran más del 35% de las frecuencias en una localidad específica.

• Ignorancia casi completa de los medios del Estado y de carácter público. La Ley Televisa no se ocupaba de tales medios, excepto para imponerles nuevas restricciones.

• No había una sola palabra acerca de las responsabilidades que los radiodifusores, en tanto usufructuarios de un servicio público, tienen con la sociedad.

• No se incluyó el derecho de réplica que suele ser, en el mundo civilizado, una prerrogativa elemental de los ciudadanos para aclarar o impugnar menciones formuladas en los medios y que afecten su honorabilidad o fama pública.

• No había referencia alguna a las inoperantes sanciones que establece la legislación de 1960 para quienes infringen el marco jurídico de los medios electrónicos.

Discrepancias y adhesiones

El favoritismo en beneficio de las grandes empresas de radiodifusión, así como sus muchas insuficiencias, fueron causa del rechazo que la Ley Televisa suscitó en significativos segmentos de la sociedad mexicana. Entre los desacuerdos a esa iniciativa destacaban dos posiciones. Por un lado se conocieron manifiestos, declaraciones, artículos de prensa y participaciones públicas de personas y organismos inconformes fundamentalmente porque esa propuesta de reformas implicaba más privilegios para Televisa y otros consorcios mediáticos, en detrimento de la competencia deseable en los medios electrónicos. Por otra parte, se expresaron grupos que estaban en desacuerdo con esas reformas porque no les conferían ventajas que habían esperado.

En el primer grupo se ubicaron, entre muchos otros, 112 escritores, artistas y productores, así como dirigentes de organismos profesionales y especializados, que en la primera semana de diciembre suscribieron el manifiesto “Sobre Radio y Televisión. Rechazamos una Reforma al Vapor” en donde cuestionaban los rasgos principales de la iniciativa aprobada por los diputados y exigían a los senadores que no la respaldaran sin una deliberación amplia. “La reforma tiene una visión estrictamente mercantil. Las opciones que abre la tecnología digital para la propagación de diversos servicios (telefonía, radiodifusión, transmisión de datos, etcétera) beneficiarían solamente a los concesionarios más poderosos y no a las radiodifusoras que operan bajo el régimen de permisos. Las dos principales empresas de la televisión comercial serían agraciadas con un negocio adicional a los que ya tienen”.

Con esa opinión, aunque por otros motivos, coincidieron algunos operadores de radiodifusión y telecomunicaciones. Rogerio Azcárraga, presidente del Grupo Radio Fórmula, le exigió al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRT, que se empeñara en detener la aprobación de esa iniciativa en el Senado. La decisión de los diputados la calificó de “emboscada” y consideró que la minuta aprobada era “perversa”, así como “contradictoria y dolosamente tendenciosa”. En ella se llega “al absurdo de vender parte del territorio nacional”, decía Azcárraga aludiendo a la subasta económica como criterio para adjudicar la utilización de un segmento del espectro radioeléctrico . La causa principal de la inconformidad de ese empresario era la ausencia, en la iniciativa de reformas, de alguna disposición que les garantizara a los operadores de radiodifusoras en la banda de Amplitud Modulada la adjudicación de un canal adicional en la banda de Frecuencia Modulada. Esa era una aspiración que durante varios años habían sostenido radiodifusores de todo el país cuyas estaciones en AM estaban siendo, según ellos, cada vez menos competitivas ante el desarrollo de la FM.

No había motivos legales ni políticos para que esa aspiración coyuntural tuviera que formar parte de una legislación pensada para normar durante varios años a la radiodifusión. Pero la pretensión de frecuencias en FM movilizó a docenas de empresarios que, como Rogerio Azcárraga, consideraban que tenían derecho a ellas.

En coincidencia con esa petición un grupo de 62 concesionarios, la mayoría propietarios de pequeñas estaciones en los estados, formó un bloque dentro de la CIRT e incluso exigió la expulsión de Televisa y Televisión Azteca de ese organismo . Encabezados por Roque Chávez, la inquietud principal de esos empresarios era lograr acceso a la FM.

Por su parte la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática expresó “sorpresa, preocupación y desacuerdo” ante la reforma del 1 de diciembre que, entre otros aspectos, juzgó como “inequitativa al plantear una convergencia consistente en que televisoras y radiodifusores presten servicios de telecomunicaciones, pero no los concesionarios de telecomunicaciones presten servicios de TV y audio” .

En contradicción con esas opiniones la representación oficial de los radiodifusores mexicanos, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, elogió la iniciativa (“está orientada a las mejores prácticas internacionales”), consideró que no beneficiaba a nadie de manera específica (“los agremiados de la CIRT han concluido mayoritariamente que la iniciativa es positiva y neutra respecto de intereses particulares”) y, aunque admitía la “ausencia de una consulta a esta asociación gremial”, declaraba que esa reforma “representa un avance significativo”.

Muchas otras opiniones se desgranaron durante las últimas semanas de 2005 y especialmente una vez que comenzó el nuevo año. Cuando el rechazo a la que para entonces ya era conocida como Ley Televisa se extendió en algunos sectores de la sociedad los diputados del Partido de la Revolución Democrática, que habían votado por ella, declararon que le retiraban su adhesión. Era una decisión algo tardía aunque, al menos, reconocía la complacencia o el descuido con que esos legisladores votaron el primer día de diciembre. La minuta aprobada ese día en la Cámara de Diputados llegó la siguiente semana al Senado en donde, de inicio, el PRD informó que estaba en contra de ella. Los coordinadores de los grupos senatoriales del PAN y el PRI querían que se aprobase de inmediato pero los cuestionamientos publicados en numerosos medios, así como el rechazo que algunos senadores de esos partidos manifestaron acerca de la iniciativa, obligó a que su discusión fuera postergada hasta febrero, cuando hubiera un nuevo periodo de sesiones del Congreso.

Defensores e impugnadores

Las posiciones acerca de la Ley Televisa se decantan y reproducen durante enero de 2006. Organismos como la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México –que reúne a medio centenar de estaciones y sistemas de radiodifusión de todo el país– y la delegación en México de la Asociación Mundial de Radiodifusoras Comunitarias –que unos meses antes había logrado el reconocimiento legal de una docena de estaciones de esa índole– rechazan la Ley Televisa.

En el otro flanco, los defensores de esa iniciativa eran escasos. Los más notorios, son varios abogados que trabajaban en despachos de asesoría jurídica en algunos de los cuales, según se presumía desde entonces, fue elaborada la Ley Televisa y que habían sido contratados por esa y otras empresas de radiodifusión. Varios de esos abogados y, por otra parte, algunos de los impugnadores de la Ley Televisa, fueron convocados a una reunión, el 11 de enero, con senadores del Partido Revolucionario Institucional . Al día siguiente el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Héctor Osuna Jaime, senador por el PAN, invitó a quienes se habían manifestado contra la minuta a que le enviasen por escrito sus puntos de vista porque “queremos saber cuál es su verdadera preocupación” . Varios de los aludidos por Osuna le respondieron que sus motivaciones y razones habían sido expresadas ya de manera pública y que lo que hacía falta era una consulta formal por parte del Senado, para que se discutieran todos los puntos de vista sobre las reformas para la radiodifusión.

A regañadientes, pero acicateado por la exigencia de los senadores de varios partidos que se oponían a la Ley Televisa, a comienzos de febrero Osuna convoca una docena de interesados en esa discusión a a una reunión de la Comisión que preside. El miércoles 8 de febrero la sesión, en uno de los salones de la Torre del Caballito en donde tiene oficinas el Senado de la República, se prolonga tanto que después de casi ocho horas de discusión, ya de madrugada, abre un receso hasta la siguiente semana. En total se realizan cuatro reuniones de consulta, los días 8, 15, 22 y 28 de febrero, todas ellas transmitidas por el Canal de Televisión del Congreso y en las cuales se manifiestan las opiniones de casi medio centenar de participantes. En defensa de la Ley Televisa acuden asesores y empleados de esa empresa y algunos ex funcionarios públicos. En contra, comparecen radiodifusores independientes, consultores, productores, investigadores, periodistas y los directivos de agrupaciones como la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, el Colegio Nacional de Economistas y la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Durante esas sesiones se expresaron 12 participantes a favor de la minuta de reformas legislativas y, en contra, 34 .

Además de esas opiniones, la comisión senatorial recibió los puntos de vista de cuatro autoridades federales. Xóchitl Gálvez, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, acudió a la consulta del 15 de febrero para decir que entre los defectos de la minuta estaba la ausencia de referencias a la diversidad cultural deseable en la radiodifusión y a la existencia de radiodifusoras indígenas. Y luego, en una sesión realizada el 23 de febrero, los presidentes de la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Federal Electoral –este último a través de un documento– se manifestaron contra la minuta.

Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia, había expresado desde diciembre que con esas reformas legales no se promovía un mercado de radio y televisión capaz de satisfacer las necesidades de variedad, calidad y mejores precios que tienen los consumidores. Jorge Arredondo, presidente de la Cofetel, subrayó insuficiencias de esa propuesta como la falta de regulación de redes de telecomunicaciones, dijo que no garantizaba la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico y que los objetivos del organismo regulador eran poco claros –Arredondo encabezaba la comisión que sería reformada con las modificaciones contenidas en la Ley Televisa–. A nombre del presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, su coordinador de asesores manifestó que la aprobación de esa reforma podría quitarle a esa institución capacidad de vigilancia sobre el gasto financiero de los partidos y convertiría al propio IFE en simple “caja de cobro” de la publicidad que contratasen los partidos en radio y televisión.

Además de esas audiencias públicas en el Senado la Ley Televisa fue tema de numerosos foros y discusiones, especialmente en universidades y medios de comunicación. Al mismo tiempo, los senadores que se oponían a ese proyecto habían elaborado una nueva propuesta de reformas y se afanaban para promoverlo dentro sus partidos.

Coacciones, juego sucio

Con las opiniones más autorizadas en contra, parecía claro que la Ley Televisa estaba repleta de rasgos cuestionables y solamente beneficiaba a consorcios como ése. No obstante, Televisa se había empeñado en que fuera aprobada. La arbitrariedad de ese comportamiento, junto con la docilidad de buena parte de la clase política mexicana para aceptarlo, causaban asombro fuera y dentro del país. Hasta un diario como The Wall Street Journal, tan lejano de cualquier propensión estatista y más bien proclive a ensalzar a las grandes corporaciones, decía a comienzos de marzo que el Grupo Televisa estaba “presionando a los legisladores mexicanos para que le permitan conservar su dominio de la televisión del país, más allá de quien se imponga en las elecciones de julio próximo” . Relacionar ese empeño de Televisa con el desenlace de los comicios presidenciales no era descabellado. La en esos momentos muy cercana posibilidad de que las elecciones las ganase el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, pudo haber apresurado el interés de esa televisora a fin de asegurar una utilización de las nuevas telecomunicaciones conveniente a sus intereses corporativos.

Con ese afán y ya que sus apoyos y argumentos escaseaban, Televisa trató de neutralizar a quienes se oponían a la reforma legal. La Cámara Nacional de la Televisión por Cable, Canitec, inicialmente había estado reticente a respaldar la Ley Televisa. Sin embargo hacia el mes de febrero su presidente, Alejandro Puente, declaró que ese organismo miraba “con buenos ojos” la propuesta de reformas. El senador Javier Corral, que encabezó las acciones legislativas contra ese proyecto, denunció que las empresas de cable que forman parte de la Canitec habían sido amenazadas por Televisa con retirarles la autorización para que transmitieran en sus sistemas las señales de los canales abiertos de esa empresa.

También cambió de posición la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática que cuando la Ley Televisa fue aprobada por los diputados había denunciado, como apuntamos antes, que ese proyecto respondía “a intereses particulares, contrarios al interés público, al no propiciar una sana competencia, introducir inequidad en las reglas y limitar la convergencia” . En contradicción con esa postura el primero de febrero en una carta dirigida al Senado la presidenta de la Canieti, María Teresa Carrillo Prieto, exhortaba a los legisladores “a continuar con el proceso de revisión de la minuta en cuestión, en virtud de los avances que ya contempla la minuta turnada por la Cámara de Diputados”.

Pronto se sabría que también ese viraje era producto de apremios ejercidos por Televisa. El 1 de marzo de 2006 el diario El Universal dio a conocer transcripciones de algunas conversaciones telefónicas del director Jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé . En varias de ellas, ese funcionario hablaba con directivos de empresas telefónicas miembros de la Canieti (como Alestra y Avantel) para que apoyaran las reformas legales. En una de esas conversaciones Tejado comenta que para persuadir a Teresa Carrillo, presidenta de la Canieti, Televisa había presionado al jefe de la empresa en donde ella trabajaba, la firma Hewlett Packard.

La publicación de aquellas transcripciones confirmó los amagos corporativos que Televisa ejercía para forzar adhesiones a su propuesta legislativa. Pero al mismo tiempo fue un recurso tramposo. El Universal nunca informó cómo obtuvo las grabaciones y la intercepción al teléfono de Tejado era evidentemente ilegal. Ese funcionario de Televisa acusó de la intercepción telefónica a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La SCT respondió que Tejado debía probar esas acusaciones o retractarse.

El director Jurídico de Televisa no hizo ninguna de las dos cosas y el episodio quedó como expresión del juego sucio que había no solamente en el flanco de los defensores de las reformas legales sino, también, entre algunos de quienes las impugnaban. Lo que sí resultaba indudable era que desde la aprobación en la Cámara de Diputados la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se opuso, siempre a trasmano, a la Ley Televisa. Funcionarios de ese ministerio gubernamental filtraron documentos con apreciaciones desfavorables a la propuesta de reformas, cabildearon dentro del gobierno en contra de ella y llegaron a difundir la especie de que si era aprobada por el Senado el Presidente de la República podría vetarla (en realidad, de acuerdo con la Constitución el titular del Ejecutivo Federal solamente podía haberse negado a publicarla y regresarla al Congreso para que los legisladores volvieran a votar esa iniciativa). Con esas acciones, que nunca fueron públicas, la SCT parecía querer dirimir una antigua rivalidad que varios de sus funcionarios tenían con Televisa.

El Universal, otro actor destacado en el frente contra la Ley Televisa, mantuvo durante varios meses una persistente cobertura del diferendo alrededor de esa reforma, privilegiando las posiciones adversas a ella. Ningún otro diario ni medio de comunicación dio tanto espacio e importancia al debate contra la Ley Televisa. Gracias a ello cualquier reconstrucción de ese episodio tiene que partir, inevitablemente, de los artículos, entrevistas y desplegados publicados en ese periódico. Pero la causa de El Universal no era desinteresada. La empresa que edita ese diario tenía varios años buscando que el gobierno abriera a licitación frecuencias de televisión para concursar por ellas. Cuando la Cámara de Diputados aprobó la reforma de los siete minutos y fue evidente que cualquier asignación de nuevos canales estaría condicionada por las reglas establecidas a conveniencia de Televisa, El Universal tomó partido contra esas modificaciones. Ese interés no demerita la cobertura periodística ni las definiciones editoriales que El Universal asumió respecto de la Ley Televisa pero identificarlo, contribuye a entenderlo.

Poco después, cuando la Ley Televisa aún estaba por ser aprobada en el Senado, ese diario se asoció con Televisión Azteca para usufructuar la frecuencia del Canal 40 que le fue ilegalmente arrebatada a la empresa CNI en el transcurso de un litigio repleto de vicisitudes. Esa es una historia diferente a la que nos ocupa en estas páginas pero permite demostrar la inconsecuencia política del periódico que con más ahínco participó en el cuestionamiento a la Ley Televisa.

El compromiso de PAN y PRI

Las adhesiones que Televisa propició a la reforma legal eran solamente parte del contexto que esa empresa y sus operadores querían construir para una decisión que finalmente no dependería del balance entre antagonistas y defensores de esa iniciativa sino, exclusivamente, del voto de los senadores. La decisión estaba tomada a favor de la Ley Televisa desde meses antes pero ese consorcio se encargó de impedir que pudiera variar.

Las campañas electorales ya habían comenzado. Aunque el propósito inicial de sus impulsores era que la Ley Televisa fuese aprobada en diciembre de 2005, la prórroga forzada por los cuestionamientos a esa propuesta llegó a significar una ventaja adicional para la capacidad de presión de dicha empresa. Ya en marcha las campañas, los partidos políticos y sus candidatos presidenciales estaban ávidos por ganar espacio en los medios de comunicación –especialmente en los canales del consorcio con mayor audiencia en la televisión–. Así que cuando los directivos de Televisa les propusieron respaldarlos a cambio de que aprobaran las reformas de ley, los dirigentes nacionales y los candidatos presidenciales del PAN y del PRI, Felipe Calderón y Roberto Madrazo, aceptaron sin chistar. Al menos eso se puede concluir de las instrucciones que enviaron a sus legisladores.

El miércoles 23 de marzo, los senadores panistas recibieron instrucciones perentorias y expresas para aprobar la Ley Televisa. De acuerdo con la versión que al día siguiente publicó la reportera Andrea Becerril, en La Jornada, en una reunión con esos legisladores de Acción Nacional el presidente nacional de ese partido, Manuel Espino, “hizo una férrea defensa de la minuta aprobada por los diputados y ante la división y las muchas voces en contra de su petición, obligó a los senadores a definirse, mediante el voto. Se sabe que la votación la ganó el dirigente nacional del PAN durante esa reunión a puerta cerrada en la que –de acuerdo con versiones de unos 10 senadores blanquiazules asistentes– Espino acabó por reconocer que aprobar en sus términos la ley Televisa les rendirá beneficios en la contienda por la Presidencia de la República... Espino insistió ante los senadores que debían aprobar la minuta, por las condiciones políticas del momento. Ello, sostuvo, les permitirá ‘transitar mejor en los tiempos electorales’. Todos entendieron que la intención es apuntalar la campaña de Calderón en los medios electrónicos”.

Dos meses después el senador Javier Corral, que pese a la instrucción ordenada por ese partido mantuvo su oposición a la Ley Televisa, confirmó aquella reunión al recordar, acerca de dicha iniciativa: “Manuel Espino, presidente del PAN, nos dijo a los senadores del partido que debíamos aprobarla por un asunto de carácter político electoral. Fue uno de los momentos más tristes en mi vida dentro de Acción Nacional”.

Lo mismo sucedió al día siguiente, 24 de marzo, con los senadores del Partido Revolucionario Institucional. El senador Manuel Bartlett, opositor a la Ley Televisa, describió varias semanas después aquella reunión: “En la fracción del PRI, pasando por alto el compromiso formal de discutir la minuta en un pleno ex profeso, sin advertencia, en una reunión de rutina, se argumentó la necesidad de aprobar de inmediato la citada minuta en sus términos, por convenir a la candidatura de Roberto Madrazo. Ante una votación interna dividida se acordó el voto libre, de conciencia, pero se impuso el voto de la línea. El ‘aparato’ entró en operación, no se permitió la confrontación de las tesis diferentes para la toma democrática de posiciones, no se evaluó el interés público, la vulneración del Estado, se desatendieron cinco años de discusión y el reconocimiento previo de todos los senadores de la necesidad de democratizar la radiodifusión, no se atendió la opinión contraria de las autoridades: Cofetel y Cofeco, ni las consecuencias negativas para la sociedad que describieron detalladamente dichas autoridades. Nada, el interés superior fue el de los candidatos y sólo el de los candidatos”.

Tal interés también se expresaba en pesos y centavos. Ese mismo día el comentarista político Ricardo Raphael explicaba así algunos de los motivos del candidato presidencial del PRI para respaldar la Ley Televisa: “Funcionarios de Televisa le enseñaron a Madrazo la enorme cuenta que aún les debe por su desbordada campaña publicitaria. No fue necesario más: a excepción de muy pocos como Manuel Bartlett, el resto de los senadores se plegaron a la línea que les dictó su candidato a la Presidencia”.

Forzada por la conveniencia electoral, la decisión de esos partidos políticos contribuía a reforzar el poder y los intereses de Televisa pero además tenía un ingrediente notoriamente absurdo. Si los directivos de Televisa les habían ofrecido a los líderes del PAN que apoyarían su campaña presidencial y lo mismo les habían dicho a los líderes del PRI, ¿cómo era posible que fueran a cumplir ambos compromisos? Finalmente los canales de ese consorcio no otorgaron más espacio a la cobertura de las actividades del candidato panista ni del priista. El candidato con mayor presencia en los noticieros y programas de discusión de Televisa fue Andrés Manuel López Obrador, del PRD . Ese partido se opuso en el Senado a la Ley Televisa pero sus votos no hacían falta para aprobarla. López Obrador nunca cuestionó esa reforma y cuando se supo que sus rivales habían pactado con dicha empresa se negó a aceptarlo: “No creo que Televisión Azteca y Televisa hayan negociado eso. Y si no, como dice la canción, ya el corrido lo dirá; nos vamos a dar cuenta”.

La prensa de los últimos días de marzo registra numerosas expresiones contra la Ley Televisa: la Academia Mexicana de Ingeniería, la Asociación Mexicana de Productores Independientes, la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos, las radiodifusoras culturales y los radiodifusores independientes, dos docenas de sindicatos encabezados por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, entre otras agrupaciones, además de docenas de artículos de opinión. La Ley Televisa había dejado de ser asunto solamente de profesionales o especialistas de la comunicación.

Ya en el último tramo antes de la votación senatorial, la noche del lunes 27 de marzo los dos noticieros más importantes de la televisión mexicana, el que conduce Joaquín López Dóriga en el canal 2 de Televisa y “Hechos” con Javier Alatorre en el canal 13 de TV Azteca, dedicaron sendos editoriales a defender las reformas y descalificar a sus críticos. “Es falso que se haya prometido a candidatos y partidos políticos favores y preferencias en lo comercial o lo noticioso a cambio de aprobar la reforma”, dijo López-Dóriga aunque admitió que Televisa “tiene un interés abierto, legal y legítimo” en la aprobación de esa minuta. Las informaciones acerca de las reuniones panista y priista lo desmentían. Alatorre vituperó a los senadores que encabezaban la oposición a dicha reforma: Javier Corral del PAN, Manuel Bartlett del PRI y César Raúl Ojeda del PRD, “son emisarios que con mentiras pretenden confundir a la sociedad", dijo sin explicar qué falsedades decían y en nombre de quién hablaban.

La misma canción, todo el día

Otras expresiones, menos admonitorias y evidentemente más creativas, dieron a conocer el disgusto de los medios públicos, culturales y estatales ante la inminente aprobación de la Ley Televisa. Durante todas las semanas anteriores ese asunto había sido ventilado por radiodifusoras y televisoras de esa índole. Los canales 11 y 22 de televisión abrieron sus frecuencias a mesas redondas y entrevistas. TV UNAM produjo varias cápsulas informativas y un par de mesas de análisis que se retransmitieron en televisoras y radiodifusoras culturales de todo el país. Radio Educación y Radio UNAM dedicaron amplios espacios a esa discusión y el día que se reunió el Senado hicieron enlaces especiales con la sesión legislativa. El Canal del Congreso transmitió las audiencias sobre ese tema y la sesión senatorial.

Quizá la protesta más original contra la Ley Televisa fue la que pusieron en práctica las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio y sus repetidoras en diversos sitios del país. El miércoles 29 de marzo, esas emisoras transmitieron una sola pieza musical –una distinta en cada estación del IMER en la ciudad de México– para enfatizar la monotonía que habría en materia de contenidos si los monopolios comunicacionales seguían acaparando el panorama radiofónico. La XEB, que suele difundir música popular transmitió todo el día, una vez tras otra, la canción “Cheque en blanco” interpretada por Paquita la del Barrio. En la 710, ahora de música ranchera, se escuchó “La neta de las netas” con Los Tigres del Norte. Radio 660, que además de programas de grupos civiles difunde música latinoamericana, eligió “Si se calla el cantor”, de Mercedes Sosa. En Opus 94, de música clásica, todo el día se escuchó “Erbarme dich” de La pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Horizonte 108, que suele dar cabida al jazz, ofreció “Blue Monk”, el emblemático blues de Thelonious Monk. La rockera Reactor 105.7 machacó todo el día con “Revés” de Café Tacuba.

Entre una u otra repetición se escuchaba un mensaje que decía: “Un país sin pluralidad de medios de comunicación sería como escuchar la misma canción todo el día. Hoy miércoles 29 de marzo sólo trasmitimos una canción. Las modificaciones a la Ley de Radio y Televisión reducen la posibilidad de crear opciones, el Instituto Mexicano de la Radio manifiesta su desacuerdo. ¿Tú qué piensas?”. El correo electrónico del IMER quedó saturado con más de 10 mil mensajes, la gran mayoría en respaldo a esas emisoras. La insólita protesta era un tanto testimonial porque nadie esperaba, a esas alturas, que el Senado no aprobase la Ley Televisa. Pero contribuyó a que esa decisión no pasara inadvertida y, además, indicó la relativa pero eficaz autonomía con que funcionaba la radio del gobierno federal. Aunque a pesar de algunas dubitaciones la administración del presidente Fox apoyó la Ley Televisa, en medios a cargo del gobierno pudieron expresarse críticas como la que con valentía y audacia dispuso Dolores Béistegui, la directora del IMER.

Aprobada sin modificaciones

El 28 de marzo, las comisiones senatoriales que recibieron la minuta con las reformas legales para la radiodifusión y las telecomunicaciones habían aprobado, por apenas 11 votos contra 9 –y dos abstenciones–, el dictamen favorable a esa iniciativa. Sus defensores no quisieron expresar argumento alguno a favor de la Ley Televisa. Simplemente escucharon, por largo rato, los cuestionamientos de los senadores que estaban en contra de esas reformas.

Ese comportamiento anticipaba la actitud de la mayoría senatorial que un par de días más tarde, el jueves 30 de marzo, aprobó la Ley Televisa por 81 votos a favor. 40 senadores votaron en contra. 4 más, se abstuvieron.

Tampoco allí hubo discusión. Durante más de 13 horas, los senadores que impugnaban esa reforma ocuparon la tribuna para argumentar, un artículo tras otro, los motivos de su desacuerdo. Sería sencillo decir que los defensores de la Ley Televisa se quedaron callados. Pero en realidad los senadores que a la postre votarían por esas reformas en ningún momento intentaron defenderlas. No era indiferencia: se trataba, por un lado, de un ostentoso desprecio por la discusión. Y sobre todo, de una palmaria pobreza de ideas. Derrotados en el terreno de los razonamientos durante las audiencias del Senado, en los debates que hubo en numerosos medios de comunicación e incluso dentro de sus propios partidos, los legisladores que respaldaron la Ley Televisa por resignación o conveniencia –o aquellos que pudieron haberlo hecho por convicción– se limitaron a esperar con paciencia el momento de las votaciones. A favor de esas reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, votaron 44 senadores del PRI, 30 del PAN y 5 del Partido Verde así como dos senadores sin partido. En contra de ellas, votaron 15 senadores del PRD, 13 del PAN, 11 del PRI y un legislador sin partido. Se abstuvieron 3 panistas y un priista.

Tampoco allí hubo discusión. Durante más de 13 horas, los senadores que impugnaban esa reforma ocuparon la tribuna para argumentar, un artículo tras otro, los motivos de su desacuerdo. Sería sencillo decir que los defensores de la Ley Televisa se quedaron callados. Pero en realidad los senadores que a la postre votarían por esas reformas en ningún momento intentaron defenderlas. No era indiferencia: se trataba, por un lado, de un ostentoso desprecio por la discusión. Y sobre todo, de una palmaria pobreza de ideas. Derrotados en el terreno de los razonamientos durante las audiencias del Senado, en los debates que hubo en numerosos medios de comunicación e incluso dentro de sus propios partidos, los legisladores que respaldaron la Ley Televisa por resignación o conveniencia –o aquellos que pudieron haberlo hecho por convicción– se limitaron a esperar con paciencia el momento de las votaciones. A favor de esas reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, votaron 44 senadores del PRI, 30 del PAN y 5 del Partido Verde así como dos senadores sin partido. En contra de ellas, ellas. Si el Senado hubiera incorporado alguna enmienda, la minuta de reformas tendría que haber regresado a la Cámara de Diputados y los impulsores de la Ley Televisa no querían demorar más su aprobación. Tanto así que aquel 30 de marzo, antes de que fuesen aprobadas las modificaciones a las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión, varios de los senadores que las respaldaban presentaron una reforma... a esa reforma. Parece absurdo y así lo era: antes de que las reformas denominadas como Ley Televisa hubieran sido votadas –y por lo tanto antes de que fuesen ley, para lo cual todavía tenía que ocurrir la promulgación de esas modificaciones y adiciones en el Diario Oficial– algunos senadores propusieron correcciones a ellas. Esos cambios buscaban, entre otras cosas, darle mayor presencia a la Comisión Federal de Competencia en la licitación de concesiones para radio y televisión y, por otro lado, autorizar a las compañías telefónicas para que pudieran difundir señales de televisión en las redes que ya tenían. Más allá de la pertinencia de esas enmiendas, el hecho de proponerlas antes de que existieran las leyes a las cuales se pretendía incorporarlas era sintomático del descuido con que se desarrolló ese proceso legislativo.

La nueva Cofetel

La Ley Televisa fue publicada el 11 de abril en el Diario Oficial de la Federación pero su discusión no terminó allí. El 4 de mayo, 47 senadores presentaron ante la Suprema Corte de Justicia una solicitud para que las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones fuesen declaradas inconstitucionales. Ese recurso tardaría varios meses en ser resuelto y hacía evidentes varias de las contradicciones entre tales reformas y principios constitucionales como el que adjudica al Estado mexicano la soberanía sobre el espacio radioeléctrico.

Mientras tanto las disposiciones de la Ley Televisa comenzaron a ser vigentes, comenzando por la integración de la nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones. A mediados de mayo el presidente Vicente Fox envió a la Comisión Permanente del Congreso –en la cual recaía la atribución del Senado para resolver sobre las propuestas acerca de los comisionados– una lista de cinco candidatos. Uno de ellos –Fernando Lerdo de Tejada, vocero presidencial en el gobierno anterior– declinó porque, dijo, nunca le consultaron si quería formar parte de la Cofetel. Otros tres (los especialistas Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar así como Julio di Bella, director de Canal 11) fueron rechazados por la mayoría priista en la Comisión Permanente. Solamente José Luis Peralta, que ya había formado parte de la Cofetel, fue admitido como comisionado.

El 27 de junio la Comisión Permanente aprobó una nueva lista de candidaturas. La Comisión Federal de Telecomunicaciones quedó integrada por el ingeniero Francisco González Abarca, designado por 5 años y que antes trabajó tanto para el Grupo Televisa como para el Grupo Salinas –propietario de Televisión Azteca–; el abogado Eduardo Ruiz Vega, designado por 6 años y que participó muy activamente en la defensa de la Ley Televisa; el senador priista José Ernesto Gil Elorduy, designado por siete años; el ya mencionado José Luis Peralta, ingeniero con larga trayectoria en la misma Cofetel y designado por ocho años, así como el senador panista Héctor Osuna Jaime, que como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes fue entre los legisladores el promotor más notorio de la Ley Televisa . Osuna fue designado como presidente de la Cofetel. Tres de los cinco integrantes de la Comisión colaboraron ostensiblemente para que la Ley Televisa fuese aprobada y uno más trabajó para esa y la otra empresa de la televisión comercial. Había pocas novedades en la nueva Cofetel.

Soldados de las televisoras

Además de la decisión de la Suprema Corte a la demanda de inconstitucionalidad, que todavía a comienzos de octubre seguía pendiente, los desacuerdos con la Ley Televisa y sobre todo el reconocimiento de las insuficiencias que mantenía en el marco jurídico para la radiodifusión y las telecomunicaciones propiciaron que ese tema siguiera vigente en las agendas de las principales fuerzas políticas del país. En octubre de 2006, los partidos que respaldaron la candidatura presidencial de López Obrador y luego conformaron el Frente Amplio Progresista incluyeron la derogación de la Ley Televisa entre sus propuestas. Por esas mismas fechas el Senado creó una nueva comisión de Radio y Televisión cuyo presidente, Carlos Sotelo García, del PRD, anunció que entre sus prioridades estaría la revisión de la Ley Televisa . Y el programa de compromisos legislativos que Felipe Calderón, el nuevo presidente de la República, les presentó a los partidos dos meses antes de tomar posesión, incluyó el propósito para: “Fortalecer las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y garantizar los principios de transparencia, eficiencia, competencia y equidad en la materia” . Una de las críticas que se le hicieron a la Ley Televisa era, precisamente, la debilidad en la que se colocaba a la Comisión de Telecomunicaciones. El hecho de que se anunciaran esos cambios era, de inicio, un reconocimiento a las insuficiencias de esa reforma.

Por lo pronto, el accidentado proceso de discusión y la compulsiva aprobación de la Ley Televisa dejó en sectores importantes de la sociedad y el entorno político mexicanos la convicción de que había sido un episodio grave y de consecuencias costosas para el país. El escritor Carlos Fuentes lo expresaba en estos términos: “La nueva ley despluraliza. Elimina del espectro informativo a las voces culturales, opositoras, críticas, diversificadas, débiles. Los fuertes tienen asegurado el dominio sobre los canales que escojan en el novedoso y amplio espectro digital. No tienen, en la práctica, que licitar: ya están allí. Gozarán de la concesión automática que, sin pedir permiso a nadie y mucho menos a un Estado pasivo, se extiende a los nuevos canales a partir de las concesiones actuales. En esta competencia, las organizaciones críticas e independientes quedan fuera del juego, disminuidas al mínimo o inhabilitadas a futuro... En otros tiempos, las televisoras comerciales eran soldados del gobierno. Esta vez, el gobierno es el soldado de las televisoras”.